El acceso a la información en el ámbito de la salud en el Derecho Español

Résumé

[extract] Las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) han entrado con fuerza en los últimos años en el ámbito de la salud, tanto en lo que se refiere a la prestación de los servicios sanitarios propiamente dichos, como también en la gestión de la actividad sanitaria.

Existe un impulso decidido por parte de la Unión Europea en materia de sanidad electrónica. Como botón de muestra nos encontramos con el Plan de acción sobre salud electrónica 2012-2020 de la Comisión Europea para una atención sanitaria innovadora en el s. XXI (Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 6 de diciembre de 2012 – COM-2012-736 final). Destaca este documento el papel que deben jugar las TIC en los sistemas sanitarios, en un contexto de limitaciones presupuestarias y en el que se debe hacer frente a retos como el envejecimiento de la población, el aumento de las expectativas de los ciudadanos y la movilidad de pacientes y profesionales. Entiende la Comisión que la salud electrónica puede redundar en beneficio de los distintos actores en juego (ciudadanos, pacientes, profesionales, organizaciones sanitarias y poderes públicos), al permitir una mayor eficacia y sostenibilidad del sistema, una atención sanitarias más personalizada, efectiva y eficaz, mayor transparencia y capacitación, así como nuevas oportunidades de innovación y negocio en el mercado de los servicios y productos de salud electrónica, entre otros. Para ello, prevé entre sus objetivos conseguir una mayor interoperabilidad de los servicios de salud electrónica, apoyar la investigación e innovación en materia de salud electrónica y bienestar o facilitar la asimilación y garantizar una implantación más amplia de la salud electrónica (a través del mecanismo Conectar Europa o de la capacitación de los pacientes y de la cultura sanitaria digital).

Previamente la Directiva 2011/24/UE, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (en adelante, Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza), ya contenía previsiones en materia de sanidad electrónica como mecanismo para facilitar la prestación de asistencia sanitaria dentro de la UE, además de prever la creación de la red de autoridades nacionales en materia de sanidad electrónica. El artículo 14 de la Directiva establecía como objetivos de la red: La consecución de beneficios económicos y sociales sostenibles gracias a sistemas y servicios europeos de sanidad electrónica y a aplicaciones interoperables ; Elaborar directrices en relación con una lista no exhaustiva de datos que deben incluirse en las historias clínicas y que podrán ser compartidos por los profesionales sanitarios para propiciar una continuidad en la asistencia transfronteriza; o métodos para utilizar los datos médicos en beneficio de la salud pública y la investigación; El impulso de medidas comunes de identificación y autenticación para facilitar la transferibilidad de los datos de salud.

La actividad de la red ha dado ya algunos frutos, como las Directrices sobre el conjunto de datos mínimo/no exhaustivo en los historiales clínicos o en la receta electrónica para el intercambio electrónico dentro de las fronteras de la UE, así como el marco de organización del punto nacional de contacto en salud electrónica, entre otros.

En España, cada vez es más frecuente la utilización de las TIC en la prestación y gestión de los servicios sanitarios. Así, desde la simple solicitud de citas por vía telemática a la consulta médica por medios electrónicos (e-mail u otros) o la utilización de dispositivos que recogen datos de salud del paciente, que permiten su monitorización a distancia o su localización, o que aplican realidad virtual como parte del tratamiento. Todo ello sin contar con lo que más que probablemente será una de las nuevas fuentes de datos de salud de una persona (dispositivos móviles, wearables…) y que podrían eventualmente tenerse en cuenta para la prestación del servicio sanitario.